El lado oscuro de la UV: poder, silencio y simulación

Dr. Rafael Vela Martínez

La Universidad Veracruzana (UV), como máxima casa de estudios del estado,
debería ser un bastión de legalidad, ética y responsabilidad social. Sin embargo, la
actuación reciente de su Junta de Gobierno (JdG) y del rector Martín Aguilar
Sánchez evidencia lo contrario. Una serie de decisiones cuestionables, amparadas
en formalidades legales vacías y discursos éticos contradictorios, han conducido a
la institución hacia una crisis de legitimidad, mientras se pretende desviar la
atención con gestos mediáticos y populistas.
El pasado 7 de octubre, Juan Manuel Pinos Rodríguez, presidente en turno de la
JdG, emitió una convocatoria para sustituir a la doctora María Adela Monreal
Gómez, cuyo periodo como integrante del órgano colegiado ha concluido. Dicha
convocatoria se fundamenta en artículos de la Ley de Autonomía de la UV y en los
reglamentos internos de la Junta, y hace énfasis en la necesidad de que los
candidatos cumplan con requisitos como la honorabilidad, el prestigio y la ética. Sin
embargo, es precisamente en este punto donde la convocatoria se vuelve cínica:
los mismos criterios que se exigen a los aspirantes son sistemáticamente
violentados por los propios integrantes de la Junta.
La comunidad universitaria conoce bien que los integrantes de esta Junta han sido
demandados ante el Poder Judicial Federal, por académicos que hemos
promovido amparos ante la evidente falta de apego a la legalidad. La entrega de
una prórroga ilegal al rector Martín Aguilar Sánchez para extender su mandato
por cuatro años más, constituye una clara usurpación de funciones y una
violación a los principios de autonomía universitaria, que ha sumido a la UV en
una profunda crisis institucional y de confianza.
Este tipo de actos ha sido acompañado por una cultura de acoso, intimidación y
coerción dirigida contra quienes han cuestionado la legitimidad del proceso. Esta
estrategia autoritaria —que incluye amenazas y silenciamiento de voces críticas—
ha instaurado un ambiente de miedo dentro de la universidad, atentando
directamente contra el derecho a la libre expresión, a la crítica interna y al debate
académico, pilares fundamentales de toda institución de educación superior.
Por si fuera poco, la Junta de Gobierno ha sido partícipe de un proceso ilegal de
reemplazo de integrantes, luego de que algunos miembros decidieran renunciar
por no estar dispuestos a avalar decisiones corruptas. Esta acción —lejos de
generar una reflexión ética al interior del órgano— ha sido suplida con un discurso
que pretende ocultar la ilegitimidad de sus actos bajo una supuesta defensa de
principios éticos y legales. Todo esto mientras sus integrantes se ocultan del
escrutinio público y rechazan sistemáticamente el diálogo con la comunidad
universitaria, mostrando un desprecio total por los principios de transparencia y
rendición de cuentas.
Estas contradicciones ilustran una estrategia de doble moral institucional: por un
lado, las autoridades exigen criterios éticos para los aspirantes; por el otro, violan
esos criterios en su propio actuar, relegando principios como la transparencia, la
rendición de cuentas y la participación democrática.
Como si no bastara la falta de ética institucional, el rector Martín Aguilar Sánchez
ha optado por desviar la atención pública, promoviendo acciones de apoyo a las
familias afectadas por las inundaciones en Poza Rica. Si bien las acciones de
solidaridad son importantes, en este contexto parecen responder más a una
estrategia mediática, para distraer la atención universitaria, que a un auténtico
compromiso humanitario. La denuncia de un estudiante de la Facultad de Medicina
de Poza Rica pone en evidencia lo anterior: “..debido a la negativa del rector y
de la vicerrectora a cancelar las clases a pesar del riesgo evidente, cuatro
estudiantes murieron ahogados…”. El testimonio es desgarrador: “…jóvenes
que, por responsabilidad y temor a perder exámenes, terminaron ahogados,
atrapados en techos o árboles, mientras la administración universitaria
ignoraba el peligro…”. Esto no es un simple error administrativo, es una
negligencia criminal. Este episodio —si se verifica— supera por mucho el terreno
del conflicto institucional: es una responsabilidad directa de quienes detentan el
poder universitario.
La verdad es que la comunidad universitaria ha reclamado la intervención urgente
de las instancias legales correspondientes: autoridades federales, jueces de
amparo, órganos de control académico y de derechos humanos. Mientras tanto, la
simulación institucional continúa. Ojalá y los jueces y magistrados en
competencia con las demandas de amparo tengan la sensibilidad para
resolver a la mayor brevedad posible, pues en manos de ellos esta rescatar a
nuestra querida universidad y resolver sobre la crisis de legalidad que
prevalece en nuestra institución, la pérdida de imagen y prestigio de nuestra
máxima casa de estudios.
De acuerdo con lo dado a conocer por las comisiones de la RED UNIVERSITARIA
EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, existe un gran compromiso por parte de la
legislatura local para realizar a la mayor brevedad posible la interpretación
autentica de la normatividad universitaria; incluso, también un compromiso y
solidaridad manifiesta por mismas instancias de Gobierno estatal, para dar
seguimiento a estas solicitudes de los universitarios y, así, reestablecer a la mayor
brevedad la legalidad en la UV y acabar con su pérdida de prestigio a la que han
llevado grupos de poder ajenos a nuestra institución.
Tales acusaciones no pueden ser respondidas solo con comunicados oficiales ni
discursos institucionales. Se requiere:

• Investigación seria e imparcial de las irregularidades en el proceso de
  prórroga.
• Reversión inmediata de los actos que contravengan la normativa
  universitaria.
• Convocatoria pública, transparente y plural para designación de nuevo rector,
  cumpliendo los criterios legales vigentes.
• Recuperación de la confianza institucional mediante mecanismos de
  rendición de cuentas y auditorías.
• Relevo de todos los actuales integrantes de la Junta de Gobierno quienes no
  han sido dignos de su encargo.
• Designación de un Rector o Rectora interino.
  La comunidad universitaria y la sociedad veracruzana merecen transparencia,
  legalidad y liderazgo ético, no simulaciones ni gestos vacíos. Es momento de
  levantar la voz, exigir justicia y recuperar la universidad para quienes
  verdaderamente la sostienen: sus estudiantes, sus académicos y su comunidad.
  Dirección de correo para comentarios: rvelam_1@hotmail.com