*La Red UV por la Legalidad, expresa su reconocimiento al Poder Judicial de la Federación como garante último de la constitucionalidad en nuestro país.
La Red UV por la Legalidad, integrada por académicos, investigadoras, investigadores, estudiantes y personal universitario comprometido con la defensa del Estado de Derecho y de la autonomía universitaria, expresa su reconocimiento al Poder Judicial de la Federación como garante último de la constitucionalidad en nuestro país.
Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación por la dilación en la resolución de los cinco amparos interpuestos por miembros de la comunidad universitaria de la UV. Todos ellos impugnan la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno al ciudadano Martín Gerardo Aguilar Sánchez.
Tales recursos no buscan el beneficio personal de sus promoventes, sino la restitución del principio de legalidad que debe regir en toda institución pública. En particular, reclaman la ausencia de competencia de la Junta de Gobierno para prorrogar unilateralmente un periodo rectoral, la violación a la Ley Orgánica y de Autonomía de la UV, y la omisión de convocar a un proceso abierto y transparente para la designación del titular de la Rectoría.
A lo largo de los últimos meses, diversos jueces han emitido resoluciones que niegan suspensiones provisionales o definitivas, sin que ello constituya aún una decisión sobre el fondo del asunto. En consecuencia, la situación jurídica de la Universidad Veracruzana continúa en un estado de indefinición que debilita la confianza institucional y genera incertidumbre en la comunidad académica.
Por las razones expuestas, la Red UV por la Legalidad exhorta respetuosamente a los jueces y magistrados federales con competencia en estos asuntos –particularmente a los radicados en los tribunales del Poder Judicial de la Federación con sede en el puerto de Veracruz y en Xalapa– a que:
- Resuelvan con celeridad y apego a la ley los amparos presentados, evitando dilaciones que perjudiquen los derechos de los promoventes y el interés público.
- Garanticen la transparencia procesal, mediante notificaciones oportunas, acceso expedito a los expedientes y publicación clara de los acuerdos relevantes.
- Actúen con independencia y sin presiones externas, reafirmando que el Poder Judicial es la última instancia de defensa frente a actos que puedan vulnerar la legalidad o los principios universitarios.
- Tomen en cuenta el interés general de la comunidad universitaria, cuyo derecho a participar en procesos legítimos de designación rectoral está en el centro del debate.
Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación honrará su compromiso con la justicia, la autonomía universitaria y el Estado de Derecho. Resolver estos amparos de manera pronta, imparcial y motivada no solo restablecerá la confianza en las instituciones, sino que enviará un mensaje claro de que en Veracruz la legalidad no se negocia.
